La Discrecionalidad administrativa como medio para controlar lar armas

En los últimos años hemos visto como el gobierno de turno ha interpretado a su antojo la ley 7530 y su reglamento para implantar una política que se ha dado en llamar de naturaleza restrictiva pero que no es otra cosa que un estilo de gobierno hoplofóbico y prohibicionista.

Uno de los primeros ataques por parte de funcionarios de alto rango fue la afirmación difundida por todos los medios de comunicación colectiva en el sentido de que poseer un arma no es un derecho sino que es una “graciosa concesión estatal”.

Es cierto que no es un derecho constitucional poseer un arma ya que no se encuentra establecido expresamente así en nuestra Carta Magna pero el afirmar que su adquisición, posesión, portación y uso constituyen una “graciosa concesión” es aventurado desde todo punto de vista.

La Constitución garantiza el derecho a la vida y a la propiedad privada y tanto el Código Civil como el Penal garantizan el derecho de los titulares a defenderse en forma proporcional frente a agresiones ilegítimas.

La misma ley 7530 establece cuáles son los requisitos que debe cumplir cualquier persona para poder adquirir un estableciendo la posibilidad de denegatoria si alguno de éstos falta.
Es aquí donde el Gobierno ha hecho un derroche de inventiva solicitando documentos adicionales, comprobaciones fuera de ley y hasta torciendo con interpretaciones antojadizas del texto emitido por la Asamblea Legislativa.

Adquirir, poseer, portar y hasta utilizar armas no son derechos constitucionales pero tampoco son concesiones estatales, son actos administrativos reglados según el principio de legalidad, dictados por el Estado en virtud de su potestad de imperio una vez que el usuario ha cumplido con los requisitos legalmente establecidos.

La Ley nos dice que son necesarios “permisos” para todo lo relacionado con armas lo cual significa que el Estado autoriza a quienes cumplen los requisitos pero bajo ninguna circunstancia se puede afirmar que se concede un derecho de explotación, por un período determinado, de un bien sobre el cual la Administración tiene el derecho de propiedad (definición de concesión).
Algunos usuarios se defendieron y reclamaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo que después de un largo y oneroso proceso les dio la razón anulando parcialmente una controvertida directriz pero en respuesta el Gobierno inmediatamente emitió otra con puntos diferentes a los discutidos en el litigio, siguiendo la temática prohibicionista y pro obstrucción, desconociendo la prevención judicial de no emitir directrices agregando requisitos no contenidos en la ley.
Las directrices de alto rango han sido complementadas por antojadizas interpretaciones de jefaturas medias y tramitadores que han “decretado” restricciones en cantidades de armas, calibres y hasta el uso que le puedo dar a lo que legalmente adquiero.

Como justificante se reciben frases como “instrucciones superiores”, “orden de …….” y “según oficio …..” que hasta se han incluido en algunas resoluciones denegatorias.

Los recursos administrativos existen pero son largos, tediosos, onerosos y pocas veces aportan algo nuevo. Las pocas ocasiones en que los recursos han sido fructíferos para el usuario y otro desea hacer uso del contenido del fallo se alega que cada caso es diferente y debe ser analizado en forma individual con lo que se anula el concepto de “jurisprudencia administrativa”.
La máxima afrenta al ciudadano ha sido el “decomiso administrativo” que han ordenado las autoridades cuando detectan un usuario con matrícula y portación pero que en los incompletos y anacrónicos archivos policiales tiene alguna anotación.

Esto quiere decir que si en algún momento de mi vida (aunque ya hayan pasado más de 10 años) fui detenido por alguna razón por alguna autoridad policial y fui “fichado” aunque en sede judicial haya demostrado mi inocencia, voy a ser detenido en carretera y tratado como un delincuente, mi arma será decomisada y mi permiso cancelado (sin previa audiencia o debido proceso) salvo que en una impugnación le demuestre al Todopoderoso Estado su error con un engorroso trámite administrativo en el que todos los funcionarios rehúyen responsabilidades y se resisten a tomar decisiones.

Las famosas directrices, interpretaciones administrativas, rechazos verbales, obstáculos tramitológicos e inventos de procedimientos no tienen más objetivo que generar un desgaste en el usuario quien opta por desistir de adquirir un arma legal porque simplemente no tiene tiempo para ir varias veces a realizar estos engorrosos trámites.

Nadie se opone a un control razonable y amparado a la ley pero si los ciudadanos dependemos de la decisión antojadiza del funcionario de turno que se encuentre al mando so pretexto de proteger la seguridad ciudadana, estamos frente a una inseguridad jurídica que destroza poco a poco la institucionalidad del país y generará, tarde o temprano, nichos de corrupción donde cada funcionario podría tratar de conservar su cuota de poder a costa de la ética y probidad que deben regir sus actuaciones.

Estas maniobras del Gobierno son una reacción a la falta de capacidad para lograr un acuerdo nacional para reformar la ley 7530 debido a la intransigencia de algunos funcionarios en discutir temas claves e intentar imponer tesis intolerantes y prohibicionistas con desdén de los sectores intervinientes y de las normas técnicas.

Recientemente el Gobierno anunció con fanfarria extrema un nuevo sistema por Internet y hasta emitió en pocos minutos una matrícula junto con su respetiva portación. La algarabía duró poco y se convirtió en asombro cuando de un solo plumazo se reformó, en tiempo récord y sin las audiencias usuales al público, el Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos solo para incorporar el uso de la herramienta informática para terminar en estupefacción al percatarnos de que en el texto reformado se dejaron una gran cantidad de errores que ya estaban en su predecesor.
Se innovó con un carísimo sistema con costos altísimos que está asumiendo el Ministerio de Seguridad en favor de Gobierno Digital (ICE) y se dejaron procesos, definiciones e incoherencias que datan de varias décadas.

¿Cuál era la prisa para hacer un parche de buen material pero cosido con hilos de mala calidad en una prenda vieja, gastada y que se usa sólo porque no hay otra?

Esta situación ha desembocado en una importante disminución de transacciones en el mercado legal debido a las mismas imposiciones del sistema que refleja las invenciones de los funcionarios impidiendo que el usuario pueda defenderse de las “reglas de negocio establecidas” y sin ningún amparo legal.

Estas “reglas” deberían ser la Ley 7530 y su Reglamento ya que según la Ley 8220 y el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo no se le pueden imponer al usuario requisitos que no están en la ley pero a la fecha no se conoce ninguna publicación en La Gaceta que las enumere e informe al público sobre a qué debe atenerse.

Es un derecho constitucional de cada ciudadano acceder a las instituciones estatales con sus peticiones y también forma parte de los derechos constitucionales que el Estado resuelva estas peticiones según la ley y dentro de los términos establecidos.

Esto no es un asunto sólo sobre las armas, es un asunto de hasta dónde debemos permitir que el Gobierno de turno nos imponga sus tesis prohibicionistas a pesar de que éstas no sean reflejo de una disposición legal.

Han surgido organizaciones de defensa en este ámbito y su fuerza se ha venido incrementando al tiempo que libran luchas concretas en el ámbito político pero deben aumentar su injerencia en las decisiones de naturaleza administrativa y crear conciencia en las autoridades del control de la legalidad sobre las repercusiones de un gobierno que dicta disposiciones antojadizas e ilegales.
Durante muchos años las organizaciones prohibicionistas sembraron semillas “creando conciencia” y “sensibilizando” funcionarios, es hora de crear nuestro propio almácigo para que las semillas de libertad, respeto a la legalidad y resguardo de nuestros derechos germinen y a corto plazo puedan ser cosechadas.

Sí a la tenencia responsable. Sí al control. No al prohibicionismo. No a la intolerancia.

Aporte anónimo publicado en:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=624333257602039&set=a.273632746005427.57395.268770776491624&type=1

Esta entrada fue publicada en Documentos, Noticias. Guarda el enlace permanente.